Por otra parte, la representante de Legálitas destaca que el decreto del Gobierno también da mayor poder a las comunidades de propietarios para vetar o limitar la existencia de pisos turísticos, una cuestión que preocupa sobre todo a los vecinos de los centros de las ciudades más turísticas y especialmente en Madrid. Apunta que desde la reforma “basta que las tres quintas partes del total de los propietarios se opongan” para que un piso no pueda dedicarse a la actividad turística, cuando antes de la reforma sólo se podía vetar estas viviendas con la unanimidad de los propietarios, lo que hacía prácticamente imposible dada la lógica oposición del interesado.
Asimismo, advierte de que el decreto establece que la comunidad puede -también por mayoría de tres quintos- establecer cuotas de gasto e incrementar la participación de los gastos comunes a quienes poseen un pisos turístico. Este aumento puede ser de hasta un 20% más que el que pagan el resto de propietarios.
